Acciones Estratégicas para una Economía Justa (SAJE, Strategic Actions for a Just Economy) es una organización comunitaria del Sur Central de Los Angeles que fomenta el poder y el liderazgo comunitario en beneficio de una justicia económica. Nuestras posturas respecto a estas medidas y propuestas estatales, del condado y la ciudad se presentan con el objetivo de promover una economía más justa para todos.
Tenga en cuenta que nuestra condición de organización 501(c)(3) no nos permite apoyar a ningún candidato político.
Financiado por SAJE.
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MEDIDAS ESTATALES
SÍ a la Propuesta 1: Bono para programas de asistencia a veteranos y de vivienda
California necesita urgentemente más viviendas asequibles, pero su construcción y rehabilitación son costosas y difíciles de financiar. Para solucionar este problema, la legislatura estatal aprobó la Ley de Bonos para Veteranos y Viviendas Asequibles de 2026 (Proyecto de Ley 417 [SB 417]), lo que le permite al estado recaudar dinero para viviendas asequibles mediante la emisión de bonos. La Propuesta 1 le otorgaría a California la capacidad para emitir $11.25 mil millones en bonos para financiar la construcción y recuperación de viviendas asequibles, incluidos $5.1 mil millones para el Programa de Viviendas Multifamiliares de California, $1.25 mil millones para viviendas destinadas a veteranos de guerra y sus familias, y $1.15 mil millones para viviendas de apoyo, entre otras iniciativas.
Las medidas de emisión de bonos no son un medio perfecto para financiar la construcción de viviendas asequibles; cuando las tasas de interés son altas, las ciudades (y los contribuyentes) pueden verse obligados a asumir costos de amortización superiores a los previstos. Pero California necesita viviendas asequibles, y la Propuesta 1 ofrece una vía tangible para lograr este progreso. Las ciudades también podrían explorar formas más eficientes de financiar el desarrollo de viviendas asequibles a través de otros mecanismos, como la creación de un banco público o la construcción directa de viviendas públicas. VOTE SÍ.
SÍ a la Propuesta 2: Aumento del límite de la Cuenta de Estabilización Presupuestaria y cambios en el Límite de Gann
California cuenta con una Cuenta de Estabilización Presupuestaria (BSA, Budget Stabilization Account). Se trata de un “fondo de reserva” que puede utilizarse para servicios esenciales y para amortizar deudas durante emergencias presupuestarias. Actualmente, el estado puede autorizar la contribución de hasta el 10 % de los ingresos fiscales de su Fondo General a la BSA cada año. Sin embargo, esto no significa necesariamente que California pueda realizar la contribución máxima, aunque así lo quisiera. Este porcentaje está limitado por el “Límite de Gann”, una enmienda constitucional promulgada en la década de 1970 por reaccionarios antitributarios que limita la parte de los ingresos fiscales que los legisladores estatales pueden gastar en un año determinado, en función de la inflación y el crecimiento demográfico. La Propuesta 2 enmendaría la constitución estatal para aumentar el porcentaje de los ingresos fiscales del Fondo General que California puede contribuir a su BSA de un 10 % a un 20 % y eximir dichas contribuciones del Límite de Gann. Esto también le permitiría al estado crear un fondo de reserva capaz de salvaguardar los servicios públicos en el marco de una economía nacional cada vez más volátil. VOTE SÍ.
SÍ a la Propuesta 3: Renovar el aumento del impuesto sobre la renta estatal para la financiación de la educación
En 2012, los votantes de California acordaron aumentar el impuesto sobre la renta de las personas físicas que generan un mínimo de $360,000 al año y de las parejas que generan un mínimo de $721,000 al año. El impuesto sobre la renta es proporcional a los ingresos, por lo que a una persona que genera $1 mil millones anuales se le cobra un impuesto más alto que a quienes generan $360,000 al año. La mayor parte de estos ingresos se utilizan para financiar escuelas primarias y secundarias públicas y universidades comunitarias, mientras que el resto se destina a financiar la salud pública. Este impuesto vence en 2031, y la Propuesta 3 lo convertiría en permanente, sin cambios en la situación actual: las personas con mayores ingresos continuarán pagando el mismo impuesto que han pagado durante los últimos 15 años. SAJE considera que los impuestos progresivos, aquellos que exigen que las personas de mayores ingresos contribuyan proporcionalmente una mayor parte de sus recursos que las personas de bajos ingresos, son la mejor forma de financiar la educación, la salud, la vivienda y otros bienes y servicios públicos. VOTE SÍ.
SÍ a la Propuesta 4: Permitir la financiación pública de las campañas electorales
La Propuesta 4 les permitiría a los gobiernos estatales y locales de California crear programas de financiación pública de campañas electorales para los candidatos. Se aplicarían límites de gasto y normas de elegibilidad, pero estos programas proporcionarían fondos públicos a los candidatos elegibles que demuestren un apoyo suficientemente amplio, por ejemplo, a través de pequeñas contribuciones o vales para los votantes. La medida prohibiría que los fondos públicos se utilizaran para el pago de honorarios de defensa jurídica, multas o el reembolso de préstamos personales para la campaña. También prohibiría que las normas de elegibilidad discriminaran en función de la afiliación política o de si un candidato se encuentra en funciones o si es aspirante.
Ampliar el acceso a las oportunidades de financiación para los candidatos políticos igualaría las condiciones, al permitir que se presentaran líderes de diferentes entornos socioeconómicos. La financiación pública también facilitaría que los candidatos de base, sin redes personales adineradas ni grandes donantes, compitieran por un cargo. Además, reducir la dependencia de las grandes contribuciones privadas podría frenar la creciente influencia de los multimillonarios, los donantes adinerados y los grupos de intereses especiales en los resultados electorales. VOTE SÍ.
SÍ a la Propuesta 5: Eliminar las elecciones de para elegir al sucesor en caso de destitución de cargos estatales
La Propuesta 5 modificaría el proceso de California para sustituir a los cargos estatales electos; por ejemplo, el gobernador o el secretario de Estado, cuando estos son destituidos de su cargo. Según las normas actuales de destitución, los votantes deben responder dos preguntas distintas en la misma boleta: si se destituye a la persona de su cargo y quién debe sustituirla. La Propuesta 5 modificaría este proceso de modo que la votación de destitución sucedería primero, seguida de una elección especial independiente para ese cargo si la destitución prospera. (Un cargo interino asumiría las responsabilidades hasta que se lleve a cabo la elección especial). La Propuesta 5 también eliminaría la prohibición de que los cargos electos destituidos se presenten nuevamente al mismo cargo. Al separar la votación de destitución de la votación para elegir al sucesor, la Propuesta 5 dificultaría que los grupos de interés utilicen las elecciones de destitución para tomar el control de un cargo sin tener que pasar por los procesos electorales habituales. VOTE SÍ.
NO a la Propuesta 37: Programa de segundas hipotecas para compradores de viviendas y bonos de ingresos
La Propuesta 37 crearía un programa de préstamos hipotecarios respaldado por $25 millones en bonos para ayudar a los residentes de California con ingresos medios a comprar viviendas nuevas que cumplan los requisitos. Estos préstamos funcionarían esencialmente como segundas hipotecas a tasa fija: cubrirían el 17 % de un pago del 20 % en viviendas cuyo precio sea inferior a $1.5 millones, pero no el costo total de la vivienda, y deberían reembolsarse con intereses. Sin embargo, el tipo de interés y las condiciones del préstamo no se especifican en la medida, por lo que nadie sabe si el programa ofrecerá a los compradores de viviendas unas condiciones más convenientes que las que ya ofrecen los bancos. Y si los prestatarios incumplen el pago de sus préstamos, es posible que no haya dinero suficiente para reembolsar los bonos, en cuyo caso el estado se verá obligado a hacerse cargo de la deuda. La Propuesta 37 no aborda de manera significativa la crisis de la vivienda asequible en California, sino que simplemente facilita que algunos californianos compren viviendas que, de otro modo, no podrían, al endeudarse aún más. VOTE NO.
NO a la Propuesta 38: Financiamiento de la investigación en inmunología e inmunoterapia
La Propuesta 38 autorizaría a California a emitir $8.4 mil millones en bonos de obligación general para financiar la investigación en inmunología e inmunoterapia. Aunque no se menciona específicamente, el Instituto de Inmunología e Inmunoterapia de California (CIII, California Institute of Immunology and Immunotherapy) de la Universidad de California, Los Angeles (UCLA, University of California, Los Angeles) recibiría la mitad del dinero porque, de la manera en que se redactó la ley, es el único instituto que cumple los requisitos para ello. La otra mitad se destinaría a centros de investigación sin fines de lucro de California, pero el CIII tendría facultad a la hora de decidir cuáles. La UCLA ya recibió anteriormente $500 millones del Estado de California para crear y financiar el Instituto de Inmunología, y donantes privados del campo de la tecnología, la biotecnología y el sector inmobiliario también han promedito su apoyo; la UCLA describe la iniciativa como una colaboración “público-privada”. En SAJE, no nos gustan las leyes que se dirigen específicamente a una organización (consulte la Fundación para la Atención Médica del SIDA [AIDS Healthcare Foundation] y la Propuesta 34 de 2024). También consideramos que es injusto y poco sensato destinar tantos fondos públicos a un solo lugar, especialmente a uno que esté comprometido con intereses privados. VOTE NO.
NO a la Propuesta 39: Identificación de votantes, verificación de la ciudadanía y administración del padrón electoral
Creación de los activistas del movimiento “Make America Great Again” (MAGA), la Propuesta 39 se concibió para dificultarles el voto a los ciudadanos. Si se aprueba, cambiaría la forma en que California administra las elecciones, a costa de los contribuyentes. Quienes voten en persona tendrían que presentar sus documentos de identidad emitidos por el gobierno, mientras que quienes voten por correo tendrían que escribir los últimos cuatro dígitos de su número de la Seguridad Social u otros números de identificación emitidos por el gobierno en el exterior de sus boletas. A aquellos ciudadanos que no brinden su información personal se les prohibiría ejercer su derecho constitucional al voto. Además, es posible que se impida votar a electores con derecho a hacerlo porque su información esté desactualizada, sea difícil de obtener o no coincida exactamente con los registros del gobierno.
El fraude electoral es extremadamente raro en EE. UU., y California ya cuenta con sistemas para determinar la elegibilidad de los votantes y mantener la precisión de los censos electorales. El secretario de Estado verifica la información de registro a través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, Department of Motor Vehicles), la Administración de la Seguridad Social y otros sistemas de gestión electoral. California también permite que los votantes que reúnen los requisitos y no tengan un número de identificación de California o el número de la Seguridad Social se registren y reciban un identificador único para su verificación. La Propuesta 39 es un intento cobarde y antidemocrático de crear burocracia innecesaria, obstáculos y confusión para los californianos que intentan ejercer su derecho al voto. VOTE NO.
SÍ a la Propuesta 40: El impuesto único sobre la riqueza para programas de cuidados de la salud, educación y ayuda alimentaria financiados por el Estado
Debido a los recortes federales del gobierno de Trump, California podría perder $100 mil millones en financiación de la salud durante los próximos cinco años. Los expertos predicen que esto podría ocasionar que 3.4 millones de californianos pierdan su cobertura, ya que las personas que no puedan pagar las nuevas y elevadísimas primas tomarán la difícil pero inevitable decisión de quedarse sin ella. Aún no hemos visto los efectos de esto (Trump programó astutamente que los recortes se implementaran después de las elecciones de medio término), pero cuando lo veamos, el impacto incluirá primas de seguro más altas para todos, incluidas las pequeñas empresas y otros empleadores que brindan cobertura de salud a sus trabajadores, lo que provocará un deterioro del cuidado de la salud para las familias trabajadoras. Los californianos sin seguro tendrán que recurrir inevitablemente a las salas de emergencia, lo que saturará aún más el sistema. Además, sin financiación, 145,000 trabajadores de la salud podrían perder sus empleos.
¿Pero sabe quiénes no se verán afectados? Los multimillonarios de California, a pesar de todas las quejas que se publican en las páginas de opinión que estos controlan. Este impuesto único del 5 % afectará únicamente a unas 200 personas en California. Pero, aunque no sean muchos, poseen una fortuna de $2 billones, la mayor parte de la cual nunca estará sujeta a impuestos en vida debido a los vacíos legales de las leyes fiscales estatales y federales. La Propuesta 40 salvará a miles de familias californianas, incluidos niños, de la catastrófica pérdida de una cobertura de salud esencial, y lo hará de la forma más justa posible: pidiéndoles a quienes más se benefician de nuestra sociedad que apoyen a las familias trabajadoras que la construyen. Hay quienes dicen que esto hará que los multimillonarios se marchen del estado, pero eso no ha ocurrido en otros lugares donde se han aprobado impuestos sobre la riqueza similares. VOTE SÍ.
NO a la Propuesta 41: Prohibir que los nuevos impuestos estatales queden excluidos del límite de gasto y exigir auditorías fiscales especiales
NO a la Propuesta 42: Prohibir nuevos impuestos sobre los activos para la jubilación, los bienes personales y los ahorros, y limitar los impuestos retroactivos
Las Propuestas 41 y 42 están diseñadas para sabotear los esfuerzos actuales y futuros por abordar la creciente desigualdad de ingresos en California. Mientras que la Propuesta 40 busca imponer un impuesto sobre la riqueza único a los aproximadamente 200 multimillonarios de California para financiar exclusivamente los programas que reciben fondos insuficientes de cuidado de la salud, educación y ayuda alimentaria las Propuestas 41 y 42 existen únicamente para frustrar ese esfuerzo.
La Propuesta 41 impondría auditorías a los nuevos impuestos, estableciendo requisitos adicionales para las iniciativas fiscales especiales propuestas incluso antes de que puedan presentarse a votación, y de nuevo una vez implementadas. Si tanto el impuesto a los multimillonarios como la Propuesta 41 se aprueban, pero la Propuesta 41 obtiene más votos, el impuesto a los multimillonarios quedaría anulado: la Propuesta 41 le prohibiría a California recaudar cualquier impuesto especial promulgado después de 2025 si los ingresos generados por este estuvieran exentos de los límites de gasto estatal, de igual manera que los ingresos procedentes del impuesto a los multimillonarios.
Del mismo modo, la Propuesta 42 socava los esfuerzos por imponer impuestos a la riqueza extrema al prohibir nuevos impuestos sobre la propiedad de activos como cuentas de inversión y bienes personales, que actualmente están sujetos a impuestos solo cuando se venden o generan ingresos. La Propuesta 42 también prohibiría la recaudación de impuestos aplicados con carácter retroactivo a conductas, actividades o situaciones (incluido el lugar de residencia de una persona) anteriores a su entrada en vigencia (el impuesto a los multimillonarios está redactado específicamente para aplicarse a cualquier persona que resida en California a partir del 1 de enero de 2026). Y, al igual que la Propuesta 41, la Propuesta 42 contiene una cláusula de medida competitiva: si tanto el impuesto a los multimillonarios como la Propuesta 42 se aprueban, pero la Propuesta 42 obtiene más votos, el impuesto a los multimillonarios quedaría anulado.
Los defensores de la Propuesta 41 ocultan sus verdaderas intenciones legislativas con excusas de “transparencia”, “eficacia” y “responsabilidad”. (¿Dónde hemos oído esto antes?) Y la Propuesta 42 recurre a un truco similar al pretender abordar nuestra crisis de asequibilidad, que es muy real. ¡Pero no se deje engañar! Estas medidas electorales no buscan proteger las cuentas de jubilación de los californianos trabajadores ni fomentar una cultura de responsabilidad fiscal en todo el estado. Si así fuera, multimillonarios del sector tecnológico como Peter Thiel y el cofundador de Google, Sergey Brin, actualmente la tercera persona más rica del mundo, no se estarían mudando de forma preventiva ni amenazando con marcharse del estado, al tiempo que destinan más de $150 millones al grupo de presión “Building a Better California”, cuyo objetivo es socavar la iniciativa del impuesto a los multimillonarios este noviembre. Impuestos a los ricos: Vote NO a las Propuestas 41 y 42.
NO a la Propuesta 43: Requisito de dos tercios de los votos para las iniciativas fiscales especiales locales y prohibición de las iniciativas sobre el impuesto sobre bienes inmuebles
La Propuesta 43 es el equivalente electoral de un mutante de cómic. Se trata de una medida mal concebida, cuyo origen se remonta a la larga saga de intentos por desmantelar la Medida ULA; es tan grotesca que incluso su propia autora, la diputada Buffy Wicks, renunció a ella, diciendo que la única razón por la que la redactó fue para garantizar que no se aprobara una idea aún peor. La Propuesta 43 dificultaría la aprobación de aumentos de impuestos locales para financiar hospitales, escuelas, bibliotecas, servicios de emergencia, la preparación ante desastres, el mantenimiento de infraestructuras y otras obras públicas. Esto se debe a que elevaría el umbral para las medidas fiscales locales de una mayoría simple a una mayoría de dos tercios (del 51 % al 66.67 %) de los votos, lo que permitiría que la minoría de los votantes (el 33.37 %) determine el resultado de las iniciativas electorales. SAJE está especialmente preocupada por el hecho de que la Propuesta 43 les daría a los intereses corporativos una forma fácil de ganar en las urnas: si la mayoría de los votantes de Los Angeles aprobara una medida electoral para que las corporaciones paguen lo que corresponde, estas solo necesitarían un tercio de los votos para bloquearla. Las comunidades locales deben proteger su capacidad para recaudar ingresos para servicios esenciales, especialmente ahora que el gobierno de Trump continúa recortando la parte que le corresponde a California de los fondos federales. VOTE NO.
NO a la Propuesta 44: Requisitos de gastos para los centros de salud calificados a nivel federal
La Propuesta 44 les exigiría a ciertas clínicas de salud comunitarias sin fines de lucro que destinen al menos el 90 % de su ingreso anual a “servicios de programas”, dejando en manos del fiscal general la decisión sobre qué se considera elegible y obligando a las clínicas a pagar multas equivalentes a cualquier déficit. Estas llamadas clínicas de la red de seguridad atienden a millones de californianos de bajos ingresos que tiene poco o ningún acceso a la atención médica. La Propuesta 44 es otro capítulo de la continua lucha entre SEIU-United Healthcare Workers West, que apoya la medida, y las clínicas de salud que se han resistido a la sindicalización.
Si bien los fondos de las clínicas deben destinarse absolutamente a la atención de los pacientes, la Propuesta 44 pretende imponer una fórmula de gasto rígida y única para todos que no refleja cómo se presta la atención. Por ejemplo, la Propuesta 44 penalizaría económicamente a las clínicas que contraten más personal operativo, renueven su equipamiento médico o realicen mejoras en sus instalaciones si dicho gasto supera el umbral del 10 %. Las clínicas de salud comunitarias de California ya están sometidas a una estricta regulación por parte del gobierno federal y estatal. Imponer esta estricta fórmula de gasto no solo sería costoso e innecesario, sino que supondría una carga financiera adicional para las clínicas sin fines de lucro, lo que les dificultaría atender a las comunidades que dependen de ellas. VOTE NO.
NO a la Propuesta 45: Cambios en el proceso de evaluación ambiental para determinados proyectos
La Propuesta 45 es otra medida legislativa más respaldada por “Building a Better California”, el grupo formado por Sergey Brin, John Doerr, Peter Thiel y otros multimillonarios de Silicon Valley que, al mismo tiempo, está financiando la campaña contra el impuesto a los multimillonarios (Propuesta 40), las dos medidas competitivas destinadas a derrotarla (las Propuestas 41 y 42), así como un subsidio de $25 mil millones para segundas hipotecas de viviendas nuevas (la Propuesta 37). La Propuesta 45 es una reformulación corporativa de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, California Environmental Quality Act), la ley que le otorga a los californianos el derecho a saber lo que se está construyendo en sus comunidades y a expresar su opinión al respecto. La Propuesta 45 debilitaría la supervisión pública sobre los nuevos proyectos al permitir que los solicitantes propongan una única alternativa de proyecto, en lugar de exigir a las agencias que desarrollen y evalúen múltiples alternativas. También limitaría los períodos de comentarios públicos y restringiría otras vías de participación pública y tribal. Estas salvaguardias son especialmente importantes en vecindarios que ya soportan una carga desproporcionada de contaminación y otros daños ambientales. En Los Angeles, la CEQA ha sido esencial para los residentes que se oponen a almacenes, instalaciones de transporte de mercancías y proyectos industriales ubicados en vecindarios que ya soportan la mayor carga de contaminación del estado. La Propuesta 45 debilitaría esas protecciones a costa de la salud pública y la equidad ambiental. La Propuesta 45 también deja términos clave poco definidos: excluye explícitamente proyectos controversiales como el tren de alta velocidad y el sistema de transporte Delta, pero no dice nada sobre los centros de datos, dejando en manos de los tribunales la decisión de si las instalaciones de la industria de la IA que más agua y energía consumen podrían ser elegibles para una optimización del proceso. VOTE NO.
MEDIDAS DEL CONDADO DE LOS ANGELES
SÍ a la Medida A: Enmienda a la Carta del condado de Los Angeles que reitera las obligaciones de negociación de buena fe y establece un arbitraje imparcial y vinculante para los conflictos de los empleados de seguridad pública certificados
Muchos de los empleados de seguridad pública del condado de Los Angeles están representados por sindicatos. Sin embargo, la legislación del estado de California les prohíbe a muchos de estos trabajadores, como policías y bomberos, hacer huelga, ya que no asistir al trabajo de forma masiva durante días o semanas podría poner en peligro la seguridad pública. Esto le otorga al condado una gran cantidad de poder como empleador. En caso de disputa laboral, el condado está obligado a negociar de buena fe con el sindicato para llegar a una solución. Pero si ambas partes no pueden llegar a un acuerdo, la Junta de Supervisores, el organismo de gobierno del condado, tiene la facultad de implementar su “última, mejor y definitiva oferta”, incluso si el sindicato no está de acuerdo con los términos. La Medida A revisaría este proceso para poner a ambas partes en condiciones más equitativas cuando fracasen las negociaciones de buena fe. Si se aprueba, se crearía una Junta de Árbitros compuesta por tres miembros, que estaría a cargo de tomar las decisiones finales en dichos casos. Un árbitro sería elegido por el sindicato, uno por el condado y el tercero se determinaría mutuamente por ambas partes. Este sistema es preferible también porque les retira el poder de decisión a los cargos electos que podrían estar buscando el apoyo del sindicato. VOTE SÍ.
SÍ a la Medida E: Comisión de Ética del Condado de Los Angeles y asignación presupuestaria para inversión comunitaria
En 2020, SAJE respaldó la Medida J, cuyo objetivo era modificar la Carta del Condado de Los Angeles para asignar de forma permanente al menos el 10 % de los ingresos existentes controlados de manera local a inversiones de la comunidad, a programas para la igualdad racial y a alternativas al encarcelamiento. Los votantes del condado de Los Angeles estuvieron de acuerdo, y el 57 % del electorado eligió ratificar la legislación. Sin embargo, la Medida J sufrió un revés catastrófico en 2024, cuando se aprobó la Medida G. En resumen: la Medida G, que introdujo cambios radicales en el gobierno del condado, incluida la creación de un nuevo cargo ejecutivo del condado y de una junta de ética, así como la ampliación de la Junta de Supervisores, se redactó a partir de una versión de la carta que no se había actualizado para incluir la Medida J. Y dado que la Medida G se redactó en la misma sección exacta de la carta que contiene actualmente la Medida J, la Medida G anulará de hecho la Medida J cuando uno de sus componentes principales entre en vigencia en diciembre de 2028. ¡Vaya!
Ahora, un grupo de defensa llamado Californianos Unidos por un Presupuesto Responsable (CURB, Californians United for a Responsible Budget), ha demandado al condado de Los Angeles y solicita una declaración judicial de que la Medida G no derogó la Medida J. Para evitar una batalla legal extensa, la Junta de Supervisores aprobó la inclusión de la Medida E en la boleta electoral de noviembre. Además de establecer una mayor estructura y autonomía para la nueva Comisión de Ética del condado de Los Angeles, la Medida E modifica la Carta del condado de Los Angeles trasladando la Medida J a una nueva sección del documento para que ya no pueda ser derogada. También garantiza que cualquier ejecutivo del condado de Los Angeles esté obligado a cumplir la asignación de fondos establecida por los votantes en la Medida J durante los futuros ciclos presupuestarios. Esto es importante porque protege esta fuente de financiación permanente para iniciativas de justicia racial y programas comunitarios y de asistencia frente a los ataques de la derecha. VOTE SÍ.
MEDIDAS DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES
NO a la Propuesta TE: Exención del impuesto sobre la transferencia de bienes inmuebles para las víctimas del incendio de enero de 2025
La Medida ULA es un impuesto sobre la transferencia de bienes inmuebles de la ciudad de Los Angeles que se vendan por más de $5 millones. Desde 2023, ha recaudado más de $1.3 mil millones para viviendas asequibles y la prevención de la falta de vivienda. En parte, la Medida ULA ayuda a redistribuir la enorme riqueza generada por nuestro sistema de vivienda desigual entre los inquilinos cuyos pagos de alquiler la han hecho posible. La Medida ULA aprovecha la venta de propiedades de alto valor en las zonas más ricas de Los Angeles para financiar viviendas asequibles, ayudas para el alquiler y otros servicios en toda la ciudad. La mayor cantidad de transacciones sujetas a la ULA se llevan a cabo en el Distrito 11 del Concejo Municipal (CD 11), que incluye Palisades. La concejal del CD 11, Traci Park, se ha opuesto sistemáticamente a la Medida ULA, así como a muchas otras políticas que benefician a los inquilinos, ya que representa los intereses de muchos propietarios adinerados que viven en su distrito.
Si se aprueba la Propuesta TE, aproximadamente 5,000 edificaciones afectadas por los incendios de Palisades quedarían exentas del impuesto de la Medida ULA si se vendieran entre enero de 2025 y enero de 2030. Según el Departamento de Vivienda de Los Angeles (LAHD, Los Angeles Housing Department), es probable que la Propuesta TE recorte los ingresos de la Medida ULA en más de un 6 %, o al menos $32 millones al año. Esto significa que cada año se construirán o se apoyarán unas 370 viviendas asequibles menos, habrá 689 inquilinos menos que reciban ayuda para el alquiler, 4,251 inquilinos menos que reciban servicios legales de protección contra el desalojo y 105,700 inquilinos menos que se beneficien de las actividades de divulgación y educación para la prevención del desalojo y la falta de vivienda. También es muy probable que la aprobación de la Propuesta TE allane el camino para otras exenciones de la Medida ULA; de hecho, el propio informe del LAHD considera la posibilidad de aplicar la exención a todos los desastres naturales. Esto podría reducir de forma significativa y progresiva la financiación de la Medida ULA, que es fundamental para abordar nuestras crisis de asequibilidad de la vivienda y de la falta de vivienda.
Entendemos que puede resultar incómodo negarles ayuda a las personas que han sido víctimas de un desastre. Sugerimos, en cambio, que la ciudad apoye a todos los residentes de una manera que se alinee con nuestra visión de un mercado inmobiliario equitativo y desmercantilizado, como financiar iniciativas de viviendas públicas a gran escala. Al mismo tiempo, los residentes de Los Angeles debemos mantenernos firmes en nuestro compromiso de hacer que los residentes más ricos de nuestra ciudad paguen la parte que les corresponde en impuestos para ayudar a resolver nuestra crisis de vivienda asequible. VOTE NO.
SÍ a la Enmienda LA a la Carta Municipal: Infraestructura, presupuesto, finanzas y contratación de la ciudad
La Enmienda LA a la Carta Municipal establecería un Plan de Infraestructuras de Capital para la ciudad, y honestamente, es una locura que aún no tengamos uno. Sin embargo, con los Juegos Olímpicos 2028 a la vuelta de la esquina, los legisladores finalmente decidieron que ya es hora. Un Plan de Infraestructuras de Capital es un documento que centraliza las prioridades y los requisitos de la ciudad para invertir en aceras, carreteras, servicios públicos, parques y otras infraestructuras públicas. El plan también hace un seguimiento del avance de los proyectos, su costo, quién es responsable de completarlos y cuándo, así como otros datos básicos que les permiten a los residentes de Los Angeles conocer mejor lo que está haciendo la ciudad. La Enmienda LA a la Carta Municipal también cambiaría el ciclo presupuestario anual de Los Angeles de un año a dos, lo que obligaría a los dirigentes municipales a pensar y planificar los proyectos a más largo plazo. Se crearía el cargo de director de Obras Públicas para gestionar la construcción, supervisar la administración de los contratos y formular recomendaciones sobre el presupuesto (la Junta de Obras Públicas seguiría adjudicando los contratos y podría formular recomendaciones sobre proyectos de obras públicas al alcalde y al Concejo Municipal). Además, la Enmienda LA a la Carta Municipal le permitiría a la ciudad hipotecar bienes de su propiedad y participar en actividades empresariales. La eliminación de estas restricciones significaría que la ciudad podría crear, por ejemplo, un banco público, una iniciativa que el Concejo Municipal ya está analizando, para reinvertir en infraestructuras públicas ofreciendo préstamos de bajo costo para proyectos. Los Angeles quiere mejorar las zonas cercanas a los estadios antes de los Juegos Olímpicos 2028, y estas reformas a la Carta Municipal ayudarán a acelerar dicho esfuerzo. No se debería necesitar de un megaevento para contar por fin con un plan de infraestructuras, pero así están las cosas. VOTE SÍ.
SIN POSTURA sobre la Enmienda PL a la Carta Municipal: Departamento de Planificación Urbana
El Departamento de Planificación Urbana de Los Angeles le brinda recomendaciones al alcalde, al Concejo Municipal y al director de planificación sobre si deben y cómo avanzar con los proyectos de desarrollo propuestos, como centros comerciales y edificios de departamentos. Los Angeles también cuenta con siete Comisiones de Planificación por Área (APC, Area Planning Commissions) que asesoran y ayudan al departamento en la formulación de estas recomendaciones. Cada APC representa a una región diferente de la ciudad y cada una está constituida por voluntarios de la comunidad encargados de representar los intereses de su vecindario. En la práctica, esto a veces ha provocado demoras o impedimentos en la construcción de viviendas muy necesitadas. Sin embargo, las APC también han ofrecido a los residentes de Los Angeles una vía para opinar sobre los procesos de planificación de los vecindarios antes de que estos se pierdan en el Ayuntamiento.
Si se aprueba, la Enmienda PL a la Carta Municipal disolvería las siete APC y las reemplazaría por una única Comisión de Apelaciones del Vecindario, compuesta por siete miembros. También le otorgaría al Concejo Municipal la facultad para regular la densidad de construcción y eliminaría ciertos procesos de obtención de permisos.
La Enmienda PL es una iniciativa bienintencionada para agilizar el desarrollo, pero nos preocupa que, como resultado, haga que la planificación urbana se vuelva menos transparente. Todavía no está claro si las comunidades tendrán menos información y menos participación directa en lo que se construye en sus vecindarios, por lo que SAJE NO TIENE UNA POSTURA AL RESPECTO.
SÍ a la Enmienda EE a la Carta Municipal: Reforma de la Carta Municipal en materia de ética, elecciones y gobernanza
La Junta de Comisionados de la Policía actúa como el máximo órgano del Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD, Los Angeles Police Department), estableciendo las políticas del departamento y supervisando sus operaciones. La Oficina del Inspector General es un organismo independiente que realiza auditorías e investigaciones sobre casos de fraude, abuso y conducta indebida en el LAPD. De la manera en la que está actualmente redactada la Carta Municipal de Los Angeles, la Junta de Comisionados de la Policía tiene la autoridad para ordenar a la Oficina del Inspector General que cese sus investigaciones mediante un voto mayoritario. La Enmienda EE le retiraría esa facultad a la comisión. (Haría lo mismo con la comisión del Departamento de Bomberos de Los Angeles [LAFD, Los Angeles Fire Department], que tiene una facultad similar sobre las investigaciones internas). La Enmienda EE a la Carta Municipal también incrementaría las sanciones por infracciones en la financiación de campañas electorales y exigiría que el Concejo Municipal se reuniera al menos una vez a la semana, en lugar de tres días a la semana como se exige actualmente. Esto, en teoría, permitiría a los concejales pasar más tiempo en sus distritos en lugar de mirar sus teléfonos durante nuestra sesión de comentarios públicos (ya saben a quiénes me refiero). En definitiva, Los Angeles necesita una reforma policial, y esto es lo que se propone actualmente. VOTE SÍ.
SÍ a la Enmienda PRK a la Carta Municipal: Presupuesto del Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad
La Enmienda PRK a la Carta Municipal propone aumentar el presupuesto del Departamento de Recreación y Parques sin la creación de un nuevo impuesto. Elevaría la cantidad mínima del Fondo General de la ciudad que recibe el departamento del 0.0325 % del valor de todos los inmuebles sujetos a impuestos municipales al 0.065 %, y se implementaría gradualmente a lo largo de diez años. Durante las últimas dos décadas, el Departamento de Recreación y Parques ha sufrido una falta de financiación crónica que los obligó a eliminar servicios esenciales y puestos de trabajo. Esto se debe, en parte, a que en 2009 la ciudad comenzó a hacer que el departamento devolviera al Fondo General sus “gastos indirectos”, incluidos el servicio de agua, de electricidad y los beneficios del personal. El año pasado, estos gastos indirectos se llevaron el 40 % del presupuesto del departamento. Mientras tanto, la superficie de los parques y las necesidades de mantenimiento han aumentado con el paso del tiempo.
La Enmienda PRK aumentaría significativamente la capacidad del Departamento de Recreación y Parques para mantener los parques, las playas, las piscinas comunitarias, los baños públicos, los programas para niños y los centros de recreación y para adultos mayores de la ciudad. El departamento incluso podría contratar guardaparques en lugar de que los agentes del LAPD se hagan pasar por ellos. Los Angeles debería contar con un sistema de parques públicos bien mantenido. VOTE SÍ.
SÍ a la enmienda PRT a la Carta Municipal: Departamentos de Aeropuertos, Puerto y Agua y Energía de la Ciudad
La Medida PRT enmendaría la Carta Municipal de las siguientes tres maneras. En primer lugar, le otorgaría al Concejo Municipal la facultad para autorizar arrendamientos para Los Angeles World Airports (también conocido como el Departamento de Aeropuertos) y el Departamento de Agua y Energía de Los Angeles durante un plazo de hasta 66 años. (Actualmente, el plazo máximo de arrendamiento es de 50 años). De este modo, se equipararán estos dos departamentos con el plazo máximo de arrendamiento de 66 años del Departamento del Puerto de Los Angeles. En segundo lugar, la Medida PRT ampliaría la participación de la comunidad local en la Junta de Comisionados del Aeropuerto, garantizando que cinco de sus siete miembros vivan en comunidades cercanas a los aeropuertos LAX (tres) y Van Nuys (dos). En tercer lugar, incorpora dos políticas existentes del Distrito Portuario a la Carta Municipal: cada año, la Junta de Comisionados destina el 10 % de sus ingresos operativos (un estimado de $28.6 millones anuales) al Plan de Inversión de Acceso Público al Puerto, que financia proyectos de acceso a la costa y programas relacionados. Además, cualquier solicitante de una autorización de arrendamiento, prórroga, modificación o permiso de desarrollo costero en el Distrito Portuario debe presentar un estudio autofinanciado sobre los efectos económicos y laborales pertinentes.
Cualquier modificación a la Carta Municipal debe ser aprobada por los votantes, lo que explica cómo una medida tan técnica (y aparentemente menor) terminó en la boleta electoral. Sin embargo, no hay nada en la Medida PRT que haga sonar las alarmas, por lo que SAJE recomienda VOTAR SÍ.
No a la Enmienda SC a la Carta Municipal: Normas de financiación de campañas relacionadas con las elecciones del Consejo de Educación
La Enmienda a la Carta Constitutiva SC exigiría a los candidatos a la Junta de Educación (BOE) del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles cumplir con un conjunto de normas de financiamiento de campañas similar al que rige para los candidatos a la alcaldía de la ciudad. A primera vista, esto no parece tener mayor trascendencia. Sin embargo, al analizarlo más detenidamente, se observan ciertas normas aplicables a los candidatos a la alcaldía de las que los candidatos a la BOE estarían exentos: no tendrían restricciones para aceptar dinero de cabilderos ni de personas que liciten contratos sujetos a la aprobación de la BOE. Tampoco serían elegibles para recibir fondos públicos de contrapartida, los cuales ayudan a democratizar las elecciones. Además, la enmienda limitaría el derecho a demandar por infracciones a las normas de financiamiento de campañas exclusivamente a los residentes de la ciudad de Los Ángeles; actualmente, todos los residentes dentro de los límites del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles tienen derecho a presentar dichas demandas. Las razones de estas excepciones no están claras, y nos preocupa que den lugar a elecciones de la BOE menos equitativas. VOTE NO.
SIN POSTURA sobre la Iniciativa de Ordenanza FD: Financiación del Departamento de Bomberos de Los Angeles mediante un aumento del 0.5 % en el impuesto sobre las ventas
Probablemente sea acertado decir que, dado el aumento de la incidencia de incendios forestales y los riesgos de grandes incendios urbanos, sería conveniente contar con más bomberos. Sin embargo, hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de decidir si votar a favor de esta iniciativa: si bien la lucha contra los incendios es una función crucial del gobierno municipal, esta no debería financiarse a costa de los más desfavorecidos. Los impuestos sobre las ventas son regresivos; las personas de bajos ingresos deben destinar a ellos una mayor proporción de sus ingresos que las personas con mayores ingresos, pero la lucha contra los incendios es un servicio del que todos se benefician. La lucha contra los incendios debería financiarse mediante impuestos progresivos, como los impuestos sobre las parcelas. Necesitamos reformar nuestro sistema tributario para que sea más fácil establecer impuestos progresivos, no trasladar la carga de financiar servicios clave a quienes tienen menos capacidad en nuestra sociedad. Si es necesario establecer impuestos regresivos, debería ser solo como último recurso, y únicamente cuando los principales beneficiarios sean las personas de menores ingresos. También podríamos desviar dinero de las fuerzas del orden, cuya eficacia como iniciativa para garantizar la seguridad y mantener la paz se pone cada vez más en duda, pero cuya participación en el presupuesto público no ha disminuido en consecuencia. SIN POSTURA.
